El Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) presentó reformas a diversas disposiciones legales para garantizar el acceso al agua de las a personas en situación de vulnerabilidad y generar incentivos para el uso eficiente y limpio.
La iniciativa planteada por la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el diputado, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayorreforma la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.
Es importante contextualizar, destacó Guerrero Cázares que las categorías de personas en situación de vulnerabilidad son múltiples. Entre estas, se encuentran grupos como las personas adultas mayores, las pensionadas o jubiladas, las pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, las madres solteras, las personas con discapacidad, así como personas privadas de su libertad. Estos son algunos ejemplos de grupos cuyas realidades sociales e históricas se encuentran en un plano de desigualdad para acceder a sus derechos.
“En concreto, en relación al derecho al acceso al agua, debemos tomar en cuenta lo siguiente: el agua es un elemento esencial para el desarrollo adecuado de la vida humana y para lo protección de la dignidad personal, por lo que, si estas personas ya se encuentran en desventaja frente a otras, las restricciones o limitaciones de su derecho producirán mayores consecuencias que a otros.”, detalló.
El derecho humano al agua y los incentivos deben trascender más allá de la voluntad anual de las autoridades refirió y retomar obligaciones respecto a lo que se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 3516/2013, rescatando el contenido previsto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador sobre la vivienda digna, que incluye el servicio de acceso al agua potable para todas las personas.
La legisladora del Distrito 3 destacó que en materia de incentivos económicos la Ley de Aguas Nacionales prevé en el artículo 14 Bis 5 los principios que sustentan la política hídrica nacional. Específicamente la fracción XVIII dispone que “las personas físicas o morales que hagan un uso eficiente y limpio del agua se harán acreedores a incentivos económicos, incluyendo los de carácter fiscal, que establezcan las leyes en la materia”.
“Así que, en atención a lo previsto en el párrafo anterior y en relación con la observancia general establecida en el artículo primero de la Ley de Aguas Nacionales, debemos entender que, dentro del Estado de Coahuila, quienes hagan un uso eficiente y limpio también pueden ser acreedores a los incentivos fiscales establecidos en las normas respectivas”, explicó.
Guerrero Cázares destacó que la reforma de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, dispuso que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y el Estado garantizará este derecho y la ley definirá́ las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así́ como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
“En conclusión, la presente iniciativa pretende dar forma a dos mandatos específicos en relación con el derecho humano al agua: el internacional de proporcionar mayores protecciones a las personas que se engloben en los grupos en situación de vulnerabilidad para que pueda acceder a este derecho de forma preferencial, así como el nacional de otorgar incentivos fiscales a quienes hagan un buen uso de dicho bien, de tal forma que se incentive en los usuarios su correcto funcionamiento”, enfatizó. La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio, análisis y aprobación en su caso.
