Funcionarios de Venezuela dijeron hoy que analizan poner en libertad a varios activistas considerados ‘presos políticos’.
Funcionarios venezolanos anunciaron este viernes que analizan poner en libertad a varios activistas que los opositores al gobierno consideran presos políticos, en un gesto dirigido a unir a la nación.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, prometió que una Comisión de la Verdad revisará varios casos. En tanto, el fiscal general Tarek William Saab dijo que la lista de las personas bajo consideración es “amplia”, pero no especificó nombres.
“El gobierno bolivariano está en la mejor disposición para el diálogo franco, sincero y constructivo”, publicó en Twitter el presidente Nicolás Maduro. “Las puertas están abiertas para quienes opten por el camino de la paz y la reconciliación”, agregó.
El tema ha sido un punto conflictivo durante las conversaciones entre el gobierno y la oposición. La líder de la oposición Laidy Gómez dijo que las conversaciones con Maduro de la víspera se centraron en poner fin a las persecuciones políticas.
Grupos de derechos humanos sostiene que Venezuela mantiene encarceladas ilegalmente a cientos de personas.
En un discurso pronunciado después de su impugnada reelección el 20 de mayo para un segundo período de seis años, Maduro pidió que algunos prisioneros fueran puestos en libertad, pero descartó la liberación de los acusados de homicidio.
En mayo el gobierno liberó a 20 personas que habían sido arrestadas durante las protestas contra los apagones generalizados, así como a Joshua Holt, un hombre de Utah que fue encarcelado por casi dos años por cargos de portación de armas que funcionarios estadounidenses consideraron falsos.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denuncian lo que llaman una puerta giratoria: que los funcionarios liberan a algunas personas pero detienen a otras.
A principios de esta semana Henri Falcón, quien terminó en segundo lugar en las elecciones presidenciales, impugnó la victoria del presidente Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el oficialismo- por supuestas irregularidades en el proceso electoral.
Los principales partidos de la oposición venezolana boicotearon la votación y varios países, entre ellos Estados Unidos, rechazaron los resultados por considerarlos fraudulentos.