1465276En el primer minuto de este sábado 18 de junio entró en vigor en todo el paí­s el Nuevo Sistema de Justicia Penal, como estaba previsto desde hace ocho años.

Desde el Altar a la Patria en el Bosque de Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se trata de un momento histórico por tratarse de la transformación jurí­dica e institucional más importante en cien años.

Luego de señalar que el anterior sistema de justicia penal presentaba signos de agotamiento, principalmente por la violencia y la inseguridad generadas en la primera década de este siglo, “fue la sociedad civil la que alzó su voz para demandar  un cambio en la materia para que estuviera acorde con el siglo XXl y no se quedará en el pasado.

“En este esfuerzo nacional ha quedado acreditado que los cambios estructurales que México requiere sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, yendo más allá de diferencias polí­ticas, calend1465275arios electorales y periodos de gobierno”.

Explicó que cumplir con el plazo de implementación era una meta fundamental, pero que al tratarse de un sistema vivo y en constante trasformación y evolución requiere de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado mexicano en su conjunto.

“Hago un respetuoso llamado a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional, para que el nuevo modelo funcione y funcione bien, es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo. Por ello celebro el acuerdo nacional para la evaluación, seguimiento y consolidación del sistema de justicia penal, que hoy hemos suscrito los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, sin menoscabo de las facultades exclusivas de cada uno”, destacó.

El Presidente reiteró el compromiso indeclinable del gobierno federal con la independencia del Poder Judicial e hizo énfasis en que todos los actores del Estado mexicano son corresponsables del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Sólo con un proceso continuo de aprendizaje y mejora podremos corregir las fallas y superar los desafí­os que seguramente habremos de enfrentar; en el gobierno de la República tenemos la determinación de ajustar donde haya que hacerlo y de cambiar lo necesario para que nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia estén acordes con esta trasformación”, dijo.

Resaltó que el elemento humano deberá asumir la trascendencia del cambio que se está emprendiendo, y de esta manera lograr que el derecho cumpla su máximo fin, que es el de brindar justicia. “Hagamos del nuevo sistema el emblema de un paí­s comprometido con la legalidad y el Estado de derecho”.

El mandatario destacó que se han invertido más de 21 mil millones de pesos para consolidar la reforma; 89% se gastó durante esta administración, y señaló que se trata de un esfuerzo colectivo. También reconoció a quienes participaron en el cambio histórico.

Explicó que este nuevo sistema de justicia penal estará acorde con la justicia militar.

EXPEDITA Y JUSTA

El nuevo sistema de justicia debe dar confianza a aquellos que están más enojados con la corrupción, afirmó Miguel íngel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Que sea un sistema que verdaderamente resulte una forma más sencilla, transparente, justa y expedita de acceder a la justicia, que con la oralidad pueda dotar de mayor transparencia, agilidad y certeza en el ejercicio de juzgadores y servidores públicos”.

Los presidentes del Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuarth, Luis Marí­a Aguilar y Jesús Zambrano Grijalva, así­ como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital, í‰dgar Elí­as Azar, coincidieron en la necesidad de dar seguimiento puntual a la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

-Con información de Arturo Páramo y Juan Pablo Reyes

PIDE LA CORTE NO ECHAR LAS CAMPANAS AL VUELO

El reto es practicar una nueva, libre, transparente y mejor forma de impartir justicia, dice Aguilar

Con un llamado a no lanzar las campanas al vuelo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Marí­a Aguilar, puntualizó que la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal tiene como fin recuperar la legitimidad y confianza que la ciudadaní­a perdió en el sistema tradicional.

Ante representantes de los tres poderes de la Unión e integrantes de la sociedad organizada, el ministro aseveró que el anterior sistema penal habí­a quedado rebasado y no cumplí­a ya con su función social.

“Ahora comienza el reto de hacer realidad, cueste lo que cueste, le pese a quien sea, una nueva, libre, transparente y mejor forma de impartir la justicia penal”, aseguró .

Relató que el anterior sistema ya no aportaba nada en favor de la seguridad y tranquilidad de las familias, tampoco evidenciaba el respeto a los derechos fundamentales de las personas, “al punto en que se hizo cada vez más evidente que, para lograr esa seguridad y tranquilidad, así­ como el pleno respeto de los derechos fundamentales, se llegó a la convicción de que no bastaba sólo mejorar el sistema, necesitábamos uno diferente, necesitábamos urgentemente cambiarlo”.

Aguilar Morales reconoció que serí­a engañoso decirle a la sociedad que el nuevo sistema de justicia ya está resolviendo todos los problemas pues aún, dijo, se debe entender y aplicar a cabalidad la reforma en los hechos.

Reiteró la importancia del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

SISTEMA ORAL

  • Desde el primer minuto de hoy, nuestro paí­s transformará la forma de impartir justicia al pasar de un sistema mixto o inquisitorio, en el que habí­a violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia, a un sistema acusatorio, en el que la presunción de inocencia es la base y el imputado de un delito es considerado en su calidad de persona.
  • La reforma de 2008 instruyó a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se rija por un sistema oral, similar al de Estados Unidos, y de audiencias públicas en presencia de un juez.
  • Se busca garantizar que el proceso se dé en igualdad de condiciones, con la participación del acusado y de la ví­ctima.

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