Durante los últimos tres años, la entidad se ha mantenido en el tercer lugar con el mayor número de tomas clandestinas de combustible, después de Tamaulipas y Guanajuato.
El reporte sobre una toma clandestina del poliducto Minatitlán-México, hizo que un grupo de militares se movilizara a la comunidad San José Bellavista en el municipio Palmar de Bravo, pero apenas se acercaban a la entrada de la comunidad, cuando un chiflido provocó que en menos de cinco minutos fueran rodeados por unas 50 personas. No tuvieron tiempo de reaccionar, rápidamente fueron despojados de sus armas y ropa mientras eran golpeados con palos y piedras.
El 20 de enero de este año, durante más de cinco horas, dos militares estuvieron retenidos en una bodega hasta que fueron rescatados en un operativo realizado por alrededor de 300 elementos. Esa madrugada fueron detenidos cinco hombres.
Pero esa noche, no era la primera vez que personas involucradas con el robo de combustible sometían a las fuerzas armadas. En la misma comunidad de San José Bellavista, el 29 de octubre del 2015, ocurrió un hecho similar: decenas de pobladores intentaron linchar a cuatro militares cuando comenzaban a catear bodegas en donde eran almacenadas bidones de gasolina. También fueron desarmados y retenidos durante dos días, hasta que policías federales, estatales y municipales los rescataron.
Puebla ocupa el tercer lugar nacional en registrar un mayor número de tomas clandestinas, solo después de Tamaulipas y Guanajuato; lugar que ha conservado en los últimos tres años. Pero el año pasado, las alarmas se prendieron pues el robo de hidrocarburos se disparó, pues mientras en 2014 se detectaron 335 tomas clandestinas en 2015 se registraron 785.
Y al finalizar el primer trimestre del 2016, Puebla alcanzóel primer lugar a nivel nacional en registrar un mayor número de toma clandestina de combustible, al detectarse un total de 304, según información obtenida vía transparencia con Pemex.
En los primeros meses de este año, la entidad pasó de la tercera posición a liderar la lista. Rebasó Guanajuato que en lo que va de este año suma 290 ordeñas y Tamaulipas que lleva 155 casos.
Así, la disputa que existe por el control de este negocio ha desatado balaceras, secuestro de militares, explosiones y amenazas de muerte contra al menos dos presidentes municipales, a quienes les han “pedido” dejarlos operar tranquilamente.
El triángulo rojo
El 80% de los casos de robo de combustible son concentrados en cinco municipios conocidos a nivel local como el “triángulo rojoâ€, zona que los pobladores ubican como territorio de las mafias. Se trata de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Acajete.
En estas demarcaciones, las actividades de los llamados “chupaductos†se triplicaron y cuadruplicaron en el último año, según información de Pemex, obtenida vía transparencia.
Tepeaca ocupa el primer lugar, pasando de 48 tomas clandestinas, en 2014, a 155 durante el año pasado, mientras Palmar de Bravo, municipio en donde militares han sido sometidos y desarmados en dos ocasiones, el robo se cuadruplicó al pasar de 21 tomas en 2014 a 82 durante el año pasado.
En esta zona, el grupo delictivo que extrae de manera ilegal el petróleo es de los Zetas, reconoció el fiscal Víctor Carrancá Bourget en una entrevista transmitida en el programa Punto de Partida el pasado 24 de febrero. “(Son) los Zetas. Lo tenemos muy claro; tuvimos la detención de dos líderes importantesâ€, señaló.
Petróleos Mexicanos (Pemex) destaca que al día pierde al menos 50 millones de pesos por el robo a sus ductos en todo el país.
Leer: Pemex invertirá 282 mdd para detectar tomas clandestinas.
¿Colusión de autoridades?
En medio de la disputa que existe por el manejo ilegal del “oro negroâ€, legisladores, especialistas y el propio gobernador, Rafael Moreno Valle, han acusado colusión de las bandas criminales con habitantes y funcionarios de los tres niveles de gobierno, además de Pemex.
En entrevista conExpansión,el presidente municipal de Tepeaca, David Huerta; de Quecholac, Néstor Camarillo; de Acatzingo, Carlos Valdés y de Acajete, Antonio Aguilar, coincidieron en señalar que el robo de combustible representa una bomba de tiempo para sus municipios
Sin embargo, ninguno de estos alcaldes de los municipios que conforman el “triángulo rojo”, ha dado de baja a policías por su posible participación con estas bandas y aunque reconocen que se trata de un “asunto muy delicadoâ€, aseguran que no han recibido amenazas y apuestan por evitar una tragedia como la ocurrida en diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan, donde se registró una explosión que dejó 30 muertos y más de 100 heridos a consecuencia de una “ordeña†a ductos de Pemex.
Contrario a ellos, en septiembre del año pasado, los ediles de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón y de Cañada Morelos, Gaspar Rojas Torres, denunciaron públicamente haber sido amenazados de muerte para dejar operar a ladrones de hidrocarburo en sus territorios; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con querella oficial al respecto.
Pero también hay casos como el del presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, que incluso han declarado ante medios de comunicación locales que el robo de hidrocarburo ayudaba a la economía familiar.
“Yo no lo vería como preocupación, ¿no?, mientras que en las estaciones de servicio vale 13 pesos (el litro de gasolina), ustedes por donde caminen, Distrito Federal, el Bajío, el Norte o al Sur, (aquí) anda de 5 a 6 pesos (el litro que comercializan los chupaductos). Habría que preguntarles a los ciudadanos qué opinan de ello. Les beneficiaâ€, respondió quien también es empresario gasolinero, cuando el 10 de febrero pasado, se le preguntó si le preocupaba el incremento de tomas clandestinas en su municipio.
En julio de 2015, un grupo de militares exhibió una red de complicidad entre altos mandos del gobierno estatal y los grupos dedicados al robo de combustible.
En esa ocasión, detuvieron en una comunidad del municipio de Tepeaca a Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal Preventiva y a Tomás Mendoza, jefe de Grupo de Operaciones Especiales, cuando resguardaban 40 camionetas cargadas de gasolina robada.
El escándalo que se desató en el momento, derivó en la destitución de Facundo Rosas como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Los chupaductos
Otros presidentes municipales, como Joel DíazRamírez, de Santa Rita Tlahuapan, han alertado de las consecuencias si continúa la operación de los ladrones de combustible en los municipios.
La ciudad en donde él gobierna se sitúa cerca de Texmelucan, a una hora de la capital, y asegura a Expansiónque los “chupaductos†vierten la gasolina robada en drenajes de la zona cuando se ven descubiertos, hecho que pone en riesgo a la población.
“Se habla de una banda muy, muy fuerte (…) Desafortunadamente, de acuerdo a la información que tenemos es que han ido involucrando a las personas de las comunidadesâ€, señala el alcalde.
El tema se agrava porque ya no son únicamente las bandas que operan por fuera, sino que están involucrando a gente de las comunidades. La situación se está agravandoâ€, dice vía telefónica.
En la comunidad de Guadalupito Las Dalias, que pertenece a su municipio, un grupo de pobladores han impedido en dos ocasiones este año, que especialistas de Pemex sellen las fugas, y han arriesgado su vida en recoger desde el ducto el combustible derramado. Incluso, hubo quienes arribaron con camionetas cargadas de bidones para almacenar en el combustible. Lo hicieron frente a militares y personal de la paraestatal.
El presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Francisco Rodríguez, también denunció el pasado 16 de marzo, que pobladores del triángulo rojo protegen a los “chupaductosâ€, hecho por el que los tres niveles de gobierno no han podido abatir este delito.
“Ha sido complicado porque venden el combustible a mitad de precio. A veces, están protegidos por las poblaciones, esto complica los trabajos de inteligencia de las dependencias”, advirtió el diputados, mientras ese mismo día, cuerpos de emergencia llevaban dos días tratando de controlar una explosión generada en una toma clandestina en el municipio de Quecholac.
Los detenidos
En su comparecencia en febrero pasado, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Rodríguez Almeida, informó que tan solo el año pasado fueron detenidas 89 personas relacionadas con este delito, además de 307 vehículos asegurados y se recuperaron 768,172 litros de combustible.
Sin embargo, la información de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenida por Expansiónvía Infomex, no coincide con los registros estatales. Por ejemplo, en ese año, la dependencia reporta la captura de 226 sujetos relacionados con el robo de hidrocarburo, de los cuales, 163 fueron consignados. El número de unidades aseguradas fue de 1,678, mientras que 3 millones 710 litros de gasolina robada, fue recuperada durante el año pasado.
En enero de este año, entró en vigor la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos que castiga hasta con 25 años de cárcel a quienes roben combustible.
La ley fue controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Accesos a la Información (INAI) por considerar que algunos de sus artículos violan derechos constitucionales y tratados internacionales.
