México.- Ante los resolutivos tomados este lunes por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Dr. Enrique Ochoa Reza, expresa lo siguiente:
Las decisiones del INE no contribuyen a dar certeza jurídica al procedimiento de fiscalización de la elección para gobernador del estado de Coahuila, al introducir criterios en el momento de presentar los resultados de la fiscalización en la sesión de hoy, cuando en todo caso debieron de haberse conocido antes del inicio del proceso electoral.
Deja a nuestro partido en indefensión, al no conceder el derecho de audiencia o de plano convertirlo en un trámite sin posibilidad de argumentar efectivamente lo que a nuestro derecho corresponde y de que sean valoradas nuestras pruebas.
El caso más evidente y grave sin duda es la aplicación de un presunto gasto en Facebook, señalándolo como no reportado a pesar de que el proveedor entregó las facturas correspondientes y la Comisión de Fiscalización lo había avalado previamente. Al mismo tiempo que aplica al PRI 653 mil pesos de gasto, evita aplicar al PAN más de dos millones 200 mil pesos en el rubro de publicidad en Internet y gestión en redes sociales. Ha quedado testimonio del deliberado ocultamiento de este tema, que ni siquiera fue discutido por los consejeros.
Esta forma de actuar de algunos consejeros, cambiando las reglas del juego a destiempo, es motivo de gran preocupación, ante el inminente inicio de los procesos electorales de 2018.
Por lo anterior, será indispensable acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que restablezca de nuevo el orden y la certeza jurídica para todos los partidos políticos.
Con relación a la indebida propuesta de prorrateo, introducida por los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, es evidente que contradice lo que dispone el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.
De último momento, dichos consejeros pusieron sobre la mesa nuevos criterios de comprobación de gasto, dejando en estado de indefensión a los partidos de la coalición, por negárseles su derecho de audiencia y valoración de pruebas.
El día de hoy presenciamos una sesión que nos deja profundas preocupaciones respecto a la responsabilidad con que algunos consejeros han decidido poner en entredicho el rigor jurídico, el apego a la Constitución y a la legalidad, que han distinguido al instituto.
Por otro lado, es evidente el intento de Ricardo Anaya de confundir a la opinión pública, hablando de presuntas nulidades, pese a que su candidato sí rebasó los topes de campaña. Es necesario recordar que la única autoridad para pronunciarse al respecto son los tribunales electorales, con base en lo que efectivamente señala la Constitución y las leyes en la materia.
El PRI reitera que será respetuoso de las decisiones del Consejo General del INE, pero agotará todos los recursos jurídicos a su disposición para que se respete la voluntad de los coahuilenses, expresada con votos en la elección del pasado 4 de junio.
Reiteramos enfáticamente que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña y existen todas las pruebas para acreditarlo.
Continuaremos impulsado de manera decidida la defensa jurídica de nuestro gobernador electo Miguel Riquelme.
