Por unanimidad, los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo que presentó la legisladora del PRI, Azucena Ramos Ramos para enviar una recomendación a las instituciones responsables de recibir denuncias de violencia en contra de las mujeres, para que destinen una parte de su presupuesto en la capacitación de los servidores públicos para mejorar la atención a las víctimas de este fenómeno. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, la representante priista planteó el punto de acuerdo para avanzar en la protección de las mujeres y niñas que son violentadas. Durante la sesión de hoy del Pleno del Congreso del Estado, Ramos Ramos expuso que para romper el ciclo interminable de la violencia el delito de violencia familiar debe ser tipificado como tal y pueda ser sancionado. Por lo que es importante que las instituciones que reciben denuncias de violencia en contra de las mujeres, así como del tratamiento a las víctimas y las sanciones a los agresores, destinen una parte de su presupuesto etiquetado para capacitación. “Precisamente para brindar a los servidores públicos involucrados, conocimientos y herramientas que les permitan otorgar una atención eficaz, oportuna y pertinenteâ€, señaló la diputada. Expuso que de acuerdo a la ONU, la violencia contra mujeres y niñas afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, dañando no sólo directamente a las personas, sino a toda la humanidad. “En México, no podremos hablar de construir un país con igualdad y paz, mientras la mitad de su población se enfrenta a la violencia como una de las consecuencias más graves de la desigualdadâ€, observó. La legisladora Azucena Ramos comentó que en marzo de 2013, el Estado Mexicano refrendó su compromiso de hacer frente al enorme reto de erradicar la violencia contra las mujeres. “De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México la violencia contra las mujeres es un problema de gran magnitud y continúa siendo una de las expresiones más graves de desigualdad. “Para combatirla, la institución recomienda que los tres órdenes de gobierno generemos una mayor conciencia de respeto a los derechos humanos y contribuyamos a modificar patrones de conducta e inercias culturales, mediante la mejor vía que es la capacitación dirigida a la sociedad en general, pero específicamente a los servidores públicosâ€, explicó. Sólo de esta forma, añadió, desparecerán para siempre las prácticas que nulifican la dignidad de las mujeres, como el maltrato, la violación, la intimidación, la trata, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el feminicidio y todas las formas de esclavitud. En Coahuila, detalló la diputada del PRI, ya se aplican modelos de gestión que promueven el acceso a la igualdad, como el llamado Modelo de Equidad de Género, y se ofrece capacitación sobre el tema a diversos servidores públicos. Sin embargo, indicó, el problema de la violencia contra las mujeres requiere un tratamiento especial y una capacitación focalizada tanto de las mujeres como de las personas que reciben y atienden denuncias por este delito. “A fin de que las disposiciones legales puedan aplicarse de acuerdo a los criterios que les dieron origen: sancionar a los victimarios y proteger a las víctimas. En este sentido existen obligaciones concretas de los diversos órdenes de gobierno, para prevenir la violencia y sancionarlaâ€, manifestó.
