EDITORIAL.- En la Hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913 un grupo de militares reunidos en ese lugar emitió un Manifiesto a la Nación, en el que expresaban su posición ante los acontecimientos que se vivían en la Ciudad de México y que provocaron la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y la instauración del gobierno del general Victoriano Huerta.
El Manifiesto estableció las bases del movimiento revolucionario iniciado en contra del régimen del general Huerta y dio la pauta para que en los meses y años siguientes grupos importantes de mexicanos se sumaran a la lucha por el restablecimiento del orden constitucional y, una vez logrado el triunfo, emprender las reformas sociales y económicas que requería el país.
El documento histórico, conocido como Plan de Guadalupe, estableció en sus considerandos que el general Huerta, a quien el presidente Madero confió la defensa de las instituciones y la legalidad del gobierno, al unirse al grupo de militares rebeldes en armas desde el 9 de febrero del propio año, había cometido el delito de traición en su afán por acceder al poder, acto logrado con la aprehensión del presidente y del vicepresidente de la República, y la exigencia violenta de la renuncia a sus cargos.
En segundo lugar, se estableció que tanto el Poder Legislativo como el Judicial habían reconocido en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Huerta y sus procedimientos ilegales y antipatrióticos, y que algunos gobiernos estatales habían reconocido la traición perpetrada contra las instituciones de la República, violando la soberanía de los propios estados.
Fue así como los jefes y oficiales, con mando de fuerzas constitucionalistas, reunidos en Guadalupe y bajo la dirección de Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila, acordaron sostener con las armas lo siguiente:
MANIFIESTO A LA NACIí“N
Considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el Presidente constitucional don Francisco I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su Gobierno, al unirse a los enemigos rebelados en contra de ese mismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los C.C Presidente y Vicepresidente, así como a sus Ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el mismo general Huerta dirigió a los Gobernadores de los Estados comunicándoles tener presos a los Supremos Magistrados de la Nación y su Gabinete. Considerando que los Poderes Legislativo y Judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando, por último, que algunos Gobiernos de los Estados de la Unión han reconocido al Gobierno ilegítimo
impuesto por la parte del Ejército que consumó la traición, mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos Estados, cuyos Gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, Jefes y Oficiales con mando de las fuerzas constitucionales, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente PLAN:
1º.- Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República.
2º.- Se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.
3º.- Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual Administración, treinta días después de la publicación de este Plan.
4º.- Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará “Constitucionalistaâ€, al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahuila.
5º.- Al ocupar el Ejército Constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército, o quien lo hubiere sustituido en el mando.
6º.- El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.
7º.- El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de su cargo los ciudadanos que hubieren sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.
 El documento fue la respuesta inmediata de las fuerzas constitucionalistas al golpe militar en contra del régimen de Madero el cual, desde sus inicios enfrentó sublevaciones de grupos civiles y militares descontentos de su forma de gobernar, que buscaban la restauración del régimen porfirista. Las más importantes fueron las revueltas encabezadas por los generales Bernardo Reyes, en noviembre de 1911 y Félix Díaz en octubre de 1912. Una vez dado a conocer el Plan de Guadalupe, entre los principales signatarios de este documento se encontraron Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco, Cesáreo Castro y Alfredo Breceda.
El Ejército Constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, y con el Plan de Guadalupe como bandera, logró derrotar al Ejército Federal en agosto de 1914, iniciando así otra etapa de la historia de México que culminó en febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, texto que incorporó las principales demandas de los grupos revolucionarios.
El Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, diría Venustiano Carranza en 1917, fue “el grito de guerra que lo más selecto de la juventud mexicana lanzó a los cuatro vientos del país contra la iniquidad triunfante, y ese grito no era más que la expresión vibrante y sonora de la conciencia nacional, expresión que reasumía el propósito firme, la voluntad deliberada del pueblo mexicano de no consentir más que el pretorianismo volviese a apoderarse de los destinos de la Nación (…) En tal virtud, con el Plan de Guadalupe quedó perfectamente planteada la cuestión de la legalidad contra la usurpación del derecho contra la asonada de las instituciones libres contra la dictadura militarâ€.
