Pide medidas concretas a la comunidad internacional para acabar con la “pesadilla”
(EUROPA PRESS) –
El relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha denunciado el “reinado de terror” impuesto por la junta militar que gobierna el país asiático desde el golpe de Estado del 1 de febrero y ha acusado a las actuales autoridades de cometer crímenes contra la humanidad.
“Las fuerzas militares de la junta han asesinado aproximadamente a 900 personas, forzado el desplazamiento de cientos de miles, torturado a muchas más, entre ellas algunas bajo custodia y hasta la muerte, han hecho desaparecer a un número incontable y detenido arbitrariamente a casi 6.000”, ha denunciado este jueves el relator, en un duro mensaje ante el Consejo de Derechos Humanos.
La presión, sin embargo, no ha logrado contener las movilizaciones sociales y Andrews ha insistido en que no ha logrado “el control de la nación y de su gente”, “ni por asomo”. Así, a su juicio, la mayor parte de la ciudadanía sigue considerando como “ilegítimas” a las actuales autoridades, que hace más de cinco meses derrocaron el Gobierno encabezado ‘de facto’ por Aung San Suu Kyi.
El experto considera que ahora es momento de una “acción significativa y sostenida”, ya que entiende que también desde fuera de Birmania se puede “ayudar a acabar con esta pesadilla”. “La comunidad internacional está fallando a la población birmana”, ha lamentado, antes de recordar que de esta presión depende en primera instancia “salvar vidas” y lograr “una conclusión justa y permanente” de la crisis.
Andrews ha reconocido que organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU o el propio Consejo de Derechos Humanos han podido ofrecer declaraciones más o menos duras de condena, “pero la población de Birmania necesita acción”. Por este motivo, ha apelado a una “coalición de emergencia” internacional que plantee una batería de medidas concretas.
Entre los objetivos planteados por el relator figura la reducción de los fondos de la junta mediante sanciones contra fuentes clave, como la empresa petrolera y gasística estatal, así como un veto a la exportación de armas. Insta a dejar claro que la junta no tiene legitimidad y aboga por aplicar la jurisdicción universal y llevar a cabo investigaciones coordinadas contra altos mandos birmanos.
En materia humanitaria, plantea un “drástico” aumento de la ayuda y que esta llegue “directamente” a la población, es decir, mediante canales que no dependan de la junta militar.
“Las futuras generaciones mirarán hacia este momento y se preguntarán: ‘¿Hicieron los países y los pueblos de todo el mundo lo que pudieron para ayudar a la población de Birmania?”, ha planteado el relator, dando por hecho que la respuesta es “no” a día de hoy.
Sin embargo, cree que aún se puede revertir el curso actual. “Aún hay tiempo para fijar una nueva senda y lograr el resultado justo para la desesperada ciudadanía de Birmania”, ha apostillado.
