En entrevista durante la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario precisó que se mantiene el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, mediante el cual el gobierno federal se comprometió a no proponer ningún cambio fiscal hasta 2018.
Recordó que dicho “pacto fiscal” establece que el gobierno no propondrá nuevos impuestos, ni incrementos a los gravámenes existentes, ni tampoco modificará los tratamientos fiscales vigentes.
No obstante, aclaró, es el Congreso de la Unión el que tiene la facultad de aprobar cambios en materia tributaria o de cualquier otra legislación.
El funcionario mencionó que mediante este acuerdo de colaboración con el CCE, el SAT se compromete a participar en mesas de trabajo para el análisis y elaboración de modificaciones a disposiciones fiscales, pero sólo de tipo administrativo.
“Sabemos que las disposiciones fiscales deben ser revisadas a nivel administrativo, no estoy hablando a nivel legislativo, para irse adaptando a los diferentes hechos que ocurren en la realidad, y aquí no hay interlocutor más importante que el propio sector empresarialâ€, explicó.
Aclaró también que este acuerdo no interfiere en el derecho de los contribuyentes para presentar un amparo y recurrir al Poder Judicial frente a actos de autoridad por cambios en la legislación, ya que en un Estado de derecho como México, la autoridad debe respetar el ejercicio de esos derechos.
Sobre la posibilidad de modificar la reforma fiscal aprobada, como piden organizaciones de profesionistas como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), insistió que este acuerdo no prevé cambios que tengan un efecto de carácter legislativo.
Lo que sí prevé es que estemos evaluando de manera muy frecuente, con reuniones a nivel nacional y regional de carácter mensual la aplicación de la norma y, por lo tanto, el mejoramiento de las reglas de carácter administrativo que emiten tanto la Secretaría de Hacienda como el SAT, apuntó.
“En materia de legislación, la posición del gobierno es muy clara y lo hemos reiterado: el gobierno no propondrá nuevos impuestos, el gobierno no propondrá incrementos en los impuestos existentes, ni modificaciones a los tratamientos existentesâ€, ratificó.
Pese a ello, añadió, la facultad de aprobar cambios en materia tributaria o de cualquier otra legislación reside en el Poder Legislativo, pero la autoridad hacendaria mantendrá un diálogo cercano y permanente con el sector privado que derive en resultados concretos.
Por su parte, el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, apuntó que el sector privado seguirá haciendo un análisis del efecto de la reforma hacendaria sobre el crecimiento, la inversión y el empleo, para contribuir con la autoridad a que estas disposiciones sean más simples y acordes con la realidad.
Precisó que aunque el sector privado mantiene un diálogo permanente con el Poder Legislativo, como lo ha hecho durante el proceso de aprobación de las reformas estructurales, cualquier sugerencia de modificación lo hará ante la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, el secretario de Hacienda puntualizó que será confidencial la lista que las autoridades hacendarias entregarán a las instituciones financieras sobre presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tal como lo estable el articulo 131 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyas reglas fueron publicadas el pasado viernes en el Diario Oficial.
De lo que se trata, explicó Videgaray Caso, es que la autoridad informe a los intermediarios financieros sobre quiénes integran estas listas, a fin de que se abstengan de realizar operaciones con los que están en dicha relación, y están obligados a mantener la confidencialidad sobre esta información.