El fiscal general Gerardo Márquez Guevara confirmó que a finales de diciembre pasado se recibieron denuncias de parte de la Auditoría Superior relacionadas con los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 de Sabinas, en las que se señalan diversos recursos erogados mas no justificados debidamente.
Las denuncias señalan al exalcalde Lenin Flores y a sus tesoreros en los dos ejercicios señalados, Tomás López y María Margarita Urano, así como a media docena de empresas que supuestamente brindaron diversos servicios, aunque estos no pudieron ser comprobados.
Márquez Guevara señaló que la ASE no solamente interpuso denuncias en contra de los exfuncionarios de Sabinas, sino también de los exalcaldes y tesoreros de los otros cuatro municipios señalados por gastos no justificados en el mismo periodo.
En la mira
Los alcaldes investigados son Lenin Flores, de Sabinas; Juan Francisco González, de San Pedro de las Colonias; Evaristo Lenin Pérez, de Ciudad Acuña; Amador Moreno, de Frontera, y Salvador Ricardo Lozano, de Jiménez, así como sus respectivos tesoreros.
Por el delito de peculado
El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que la ASE no solamente interpuso denuncias en contra de los exfuncionarios de Sabinas, sino también de los exalcaldes y tesoreros de los otros cuatro municipios señalados por gastos no justificados en el mismo periodo.
“Hay otras ocho empresas también señaladas por la Auditoría que dieron servicio a cuatro municipios más, todas van por ese curso en la misma investigación, que son San Pedro, Acuña, Frontera y Jiménez. También respecto a ellos estamos investigando las denuncias que presentó la ASE. Las investigaciones apuntan a la responsabilidad de los exalcaldes y tesoreros, así como a las empresas que realizaron operaciones con ellos”.
El fiscal general dijo que se están realizando las investigaciones correspondientes y en espera de que lleguen los documentos solicitados para analizarlos y cruzarlos con una auditoría fiscal que se deberá practicar.
Agregó que en algunos casos las empresas requeridas no se encuentran en el domicilio señalado por los proveedores, por lo que también se está indagando la existencia de dichas empresas.
Apuntó que la investigación podría arrojar resultados en el término aproximado de un mes, una vez que se realice la auditoría fiscal para deslindar responsabilidades.
“Sin prejuzgar y respetando la presunción de inocencia, se van a integrar las carpetas de investigación y si encontramos elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito de peculado, se solicitarán las órdenes de aprehensión en contra de quienes resulten responsables, que eventualmente pueden ser los funcionarios que fungieron como presidentes municipales, los tesoreros y algunos particulares que celebraron algunas operaciones con ellos”.
