Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, a través de la consejería, presentó esta tarde ante el Congreso del Estado un paquete de iniciativas en materia de anticorrupción, familia y víctimas.

Entre estas modificaciones incluye, en materia de familia, la posibilidad de realizar adopciones tramitadas por parientes consanguíneos de hasta el tercer grado; en el tema de anticorrupción que los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública tendrán la facultad de auditoría, además de la responsabilidad de presentar un plan de trabajo.

Mientras que en el área de víctimas propuso la instalación de relatorías especiales, a fin de atender a quienes requieran un enfoque diferencial y especializado.

En la propuesta anticorrupción, Rubén Moreira Valdez propuso las modificaciones para que el Estado se iguale con el  recién creado Sistema Estatal Anticorrupción. La primera modificación es a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

En ella se incluye que los titulares de las dependencias puedan expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; además la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas deberá, entre otras acciones, vigilar en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización.

Asimismo establece que los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública tendrán la facultad de auditoría y formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación; y en virtud de la creación de la Fiscalía General como organismo público autónomo, se suprimen las disposiciones relativas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al titular de la misma y sus atribuciones.

La iniciativa modifica también la Ley de Extinción de Dominio del Estado, incluyendo en ella el delito de enriquecimiento ilícito, como un delito más por el que procederá la acción de extinción de dominio.

El tercer ordenamiento que se reforma es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en ella se suprime el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las disposiciones que correspondían al mismo, para el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción se creó el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.

Y finalmente se modifica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado, para no duplicar supuestos de faltas administrativas graves o no graves, de procedimientos y sanciones que ya se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas

En la modificación de la Ley para la Familia, el mandatario estatal propone se incluya la posibilidad de realizar adopciones tramitadas por parientes consanguíneos de hasta el tercer grado y además determina que la PRONNIF será la autoridad facultada para promover la adopción de niños o niñas.

En cuanto al Código de Procedimientos Familiares se buscará resolver diferencias familiares, así que los acuerdos deberán hacerse constar por escrito. Por otro lado prevé que la solicitud de divorcio sea previa al emplazamiento.

Además en aquellos casos de desistimiento de divorcio se deberá dar vista al contra-solicitante, para que posteriormente pueda decidir si continúa con el juicio o demanda los gastos del mismo.

En materia de víctimas, Rubén Moreira presentó iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas, en la que modifica la legislación base que establece los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, estipulando ahora que el Código Nacional de Procedimientos Penales se base en diversas materias, tales como el exigir la reparación del daño.

En la propuesta manifiesta que el Secretario de Gobierno fungirá como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Atención y Protección a Víctimas y dentro de sus funciones estará el convocar a las sesiones del mismo e integrar la agenda de los asuntos a tratar o de los que por su urgencia requieran reuniones extraordinarias.

Además se crea el Servicio Público de Carrera de Atención a Víctimas, que se  encargará de regular la normatividad y los procedimientos de selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones de los trabajadores de planta de la Comisión Ejecutiva.

Entre otras propuestas, está la instalación de relatorías especiales, a fin de atender a las víctimas que requieran un enfoque diferencial y especializado. Además, establece dentro de las obligaciones del titular de la Defensoría Pública el auxiliar a la Comisión Ejecutiva para brindar el servicio de asesoría jurídica a las victimas cuyos casos no sean priorizados.

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