Saltillo, Coah.- A fin de incrementar las acciones en materia de seguridad y combate a la delincuencia, con el objeto de preservar el orden y la paz pública en la entidad, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza presentó la estrategia y recomendaciones que ha pactado con los alcaldes de los 38 municipios, en una declaración conjunta que se resume en 12 lineamientos.
En un hecho histórico, el Gobernador Rubén Moreira Valdez se reunió la tarde de este martes con los Alcaldes y la Alcaldesa de los 38 Municipios, los titulares del Poder Legislativo, Judicial, del Cisen, el Ejército, PFP y de Organismos Autónomos como el ICAI y la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde realizó la declaración que define las políticas públicas como eje central a favor de los ciudadanos, en las que habrán de ejecutarse acciones inmediatas para reducir la violencia, evitar el delito y proporcionar las herramientas necesarias a las corporaciones policiales.
Al término del encuentro de trabajo, el Gobernador resaltó que hay una disminución real en la incidencia delictiva en todo el estado, por lo cual, sin caer en la conformidad por el trabajo efectuado, se van a incrementar las acciones en materia de seguridad y combate a la delincuencia, como un esfuerzo conjunto por preservar el orden, la tranquilidad y la paz en la entidad.
Resaltó que en este pronunciamiento se antepone el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los coahuilenses.
“Pero además, sin poner sobre la mesa nuestra procedencia ideológica, sino por el contrario, el amor y el cariño que todos le tenemos a nuestro estado, acordamos lo siguiente, y me permito presentar los 12 lineamientos que hemos suscritoâ€, señaló el Gobernador.
Primero.- El Gobierno Estatal y los municipios se pronuncian en contra de la delincuencia organizada, en todas sus vertientes; destacando nuestra lucha contra el narcotráfico como el principal generador de violencia en el país y en el mundo. Por lo anterior condenamos todos los actos relacionados con esta actividad delictiva, desde su origen, financiamiento, venta, trasiego y operaciones de lavado de dinero.
Segundo.- Asumimos también el compromiso de ejercer todas y cada una de nuestras atribuciones en forma individual y coordinada, con la máxima diligencia, orientando las acciones a atacar las causas que originan y promueven los delitos. Nos comprometemos a suscribir todos y cada uno de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Estatal que se da aquí en la entidad.
Tercero.- Nos comprometemos al desarrollo pleno de los cuerpos de policía, para lo cual debe continuar con el proceso de mejora salarial para homologar a la cantidad de 12 mil pesos mensuales como percepción mínima de nuestros policías.
Asimismo, para dar acceso a la seguridad social a los elementos de nuestras corporaciones, con pensiones, acceso a una vivienda digna y servicio médico.
Cuarto.- Para el cumplimiento de las obligaciones en materia de certificación y acreditación de policías, se asume el compromiso de no contratar a ninguna persona que no haya acreditado la evaluación de control de confianza. De igual manera, se compromete la reevaluación del personal en activo en los plazos legales señalados, se comprometen a retirar del cargo de manera inmediata a aquellas personas que no acrediten la evaluación del control de confianza.
Quinto.- Los y las autoridades coahuilenses nos comprometemos a la evaluación de personal administrativo vinculado a la seguridad. Así como de diversas áreas sensibles para la seguridad, como protección civil, bomberos, alcoholes, pisos y mercados y aquellos que establezca el Consejo Estatal de Seguridad.
Aquí quiero hacer un paréntesis. Mi reconocimiento a los funcionarios municipales y a los funcionarios del estado, porque esta obligación no está dentro de la legislación federal, la asumimos nosotros porque no queremos dejar ninguna grieta por la cual pueda transitar alguien que esté en el crimen organizado.
Sexto.- Acordamos acciones conjuntas y permanentes para eliminar todas aquellas fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada, como pueden ser las que se suscitan por la venta de productos ilegales, que hayan entrado al país violando la legislación de nuestro Estado y de nuestra Nación.
Séptimo.-Se asume el compromiso de redoblar esfuerzos de coordinación con el poder federal. Para ello, nos obligamos a realizar reuniones semanales de evaluación, como ya se viene haciendo. Asimismo, reuniones regionales mensuales, para el mismo fin.
Nos obligamos, de igual forma, a comunicar inmediatamente a las autoridades federales, estatales, según sea el caso, de cualquier acción o actividad o persona relacionada con la delincuencia organizada que suceda o se encuentre en la jurisdicción de cada uno de los municipios.
Octavo.- Nos obligamos también a la prevención, investigación y persecución de aquellos delitos no calificados de alto impacto, especialmente de aquellos que se cometen con violencia.
Noveno.- Nos obligamos a dar prioridad a la inversión en servicios primarios que incidan en la seguridad y en la percepción de la misma, como es el alumbrado público y la prevención social del delito.
Décimo.- Asumimos el compromiso de fortalecer la capacidad institucional y mejorar la imagen de los cuerpos de policía de tránsito y vialidad, poniendo especial atención en la corrección a los actos de corrupción.
Décimo Primero.- Acordamos establecer un programa de formación continua para las distintas tareas de seguridad, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos humanos, orientando a la prevención y corrección de conductas indebidas.
Décimo Segundo.- Nos obligamos también a la participación activa en todas aquellas acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Como ustedes ven, algunos de estos postulados se encuentran de alguna forma diseñados en la ley, pero el estar aquí con ustedes representa refrendar nuestro compromiso con la ley, ratificar nuestra voluntad de luchar contra el crimen, pero sobre todo, que estamos aquí coordinados, juntos y preparados para proteger a las y los coahuilenses.
En la reunión efectuada en la Ciudad de Saltillo entre el Mandatario Estatal y los 38 Alcaldes se contó con la presencia de del Magistrado, Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; del diputado local Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno; el General de Brigada del Estado Mayor, César de la Sancha Villa; los Delegados de Gobernación y CISEN; María Teresa Jiménez Román, Coordinadora Estatal del INEGI en Coahuila; el Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza García; el Secretario del Trabajo, Víctor Zamora Rodríguez; el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza; José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila y María Teresa Guajardo Berlanga, Consejero Presidente del ICAI.
