CNNMéxico — El Congreso de Sinaloa aprobó una reforma en materia judicial que impone restricciones a los periodistas para hacer su trabajo, lo que provocó el rechazo del gremio del estado que trabaja en una de las regiones más violentas del país.
Ante la polémica generada, y solo unas horas después de la aprobación de la medida el jueves pasado, el gobernador del estado, Mario López, solicitó al Legislativo local que analice y, en su caso, modifique el texto.
Tras expresar que será respetuoso de las decisiones del Congreso, destacó que su gobierno no pretende “cometer excesos, y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa”.
El proyecto legislativo, presentado por el gobernador y aprobado por unanimidad, señala que los periodistas “en ningún caso” podrán tener acceso a los lugares donde se registran hechos delictivos.
Tampoco podrán acceder a “información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”, indica el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.
La única forma de conseguir información de las investigaciones será “a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, señala el proyecto aprobado, según la agencia.
Ningún funcionario de la Procuraduría estatal podrá dar información a un medio de información sin la autorización previa del procurador General de Justicia del estado, por lo que la institución se convertirá en la única vocera de los hechos que ocurran en el estado, señaló el diario local El Debate al dar a conocer la noticia.
“El dictamen significa un paso atrás en el derecho del ejercicio periodístico, toda vez que los medios de comunicación representan un contrapeso determinante para el esclarecimiento de los hechos de inseguridad o delitos que azotan al estado”, escribió.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, dijo este viernes que lo aprobado es “propio de una dictadura” y pidió su “inmediata derogación”, toda vez que “atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información”, señaló en un comunicado, citado por la agencia EFE.
“Acudiremos, en su defecto, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el atropello que han cometido en contra de nuestras más elementales libertades”, dijo.
Sinaloa, ubicado en el noroeste de México, es uno de los cinco estados más violentos del país, con una tasa de 41 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales de 2013.
La región vive el reajuste de los grupos del crimen organizado tras la captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, en febrero pasado.
La polémica generada solo unas horas después de la aprobación de la medida llevó al gobernador a solicitar al Legislativo local que analice y, en su caso, modifique el texto.
Tras expresar que será respetuoso de las decisiones del Congreso, destacó que su gobierno no pretende “cometer excesos, y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa”, dijo, según EFE.
Por el contrario, su objetivo es “propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro de su profesión”, señaló en un comunicado divulgado este viernes.
Mientras la diputada del minoritario partido Nueva Alianza, Silvia Miriam Chávez, elevó la polémica al admitir que aprobó la reforma sin conocer su contenido.
“Me siento avergonzada porque no estoy acostumbrada a ser una política de mentira, la verdad sí lo voté y no me di cuenta, firmé el dictamen también”, expresó.
