La joven madre viví­a en la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos cuando dio a luz a una bebé (CNNMéxico).
La joven madre viví­a en la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos cuando dio a luz a una bebé (CNNMéxico).

GUADALAJARA (CNNMéxico) — La actuación de autoridades estatales y municipales de Jalisco en un caso de abuso sexual a una menor registrado en enero pasado fue objeto de varias recomendacones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Una niña de entre 12 y 13 años dio a luz este año producto de un abuso sexual por parte de su padrastro. Cuando los médicos atendieron el parto, dieron aviso a la fiscalí­a general del estado de Jalisco y la menor fue resguardada en un albergue del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Sin embargo, aunque las autoridades intentaron resguardar la identidad e integridad de la menor, la pusieron bajo el resguardo del DIF solo unos dí­as y después regresó a su hogar sin asegurarse de que el espacio familiar de la agraviada, primordial para su desarrollo, se encontraba garantizado y libre de violencia fí­sica o abuso sexual.

La CEDHJ consideró que hubo errores por parte de los agentes del Ministerio Público que conocieron del caso, al poner en riesgo la integridad y la seguridad de la menor, “al no decretar su aseguramiento y permitir que continuara en el domicilio donde habí­a sido abusada sexualmente y pretendieron justificarse interpretando un peritaje en el que, según ellos, no se configura el sí­ndrome de niño maltratado”.

Tras la investigación del caso, el padrastro de la joven confesó ante las autoridades ser el responsable del embarazo. El hombre identificado como Abundio Garcí­a de 44 años fue detenido y actualmente está en la cárcel.

Con respecto a la Secretarí­a de Salud del estado de Jalisco, la Comisión considera que violó los derechos de la menor al implantarle un anticonceptivo subdérmico para “protegerla” sin informarle las consecuencias fí­sicas y mentales que tení­a esta medida.

Las autoridades de Salud tomaron esta medida luego de que la menor -queoriginalmente se creí­a tení­a 9 años-, dio a luz y presumí­an que el embarazo pudo haber sido producto de una violación de alguien cercano a su entorno.

“Si bien en este caso existió un aparente consentimiento para que se le implantara un anticonceptivo subdérmico a la niña, no hubo una clara y adecuada consejerí­a, al grado que fue ella misma -la menor- fue quien firmó como otorgante y no así­ quien ejerce su patria potestad -su madre- ”, dijo el organismo en un comunicado.

CNNMéxico busco a la Secretarí­a de Salud de Jalisco para conocer su opinión respecto a la recomendación, pero hasta ahora no hubo respuesta.

La maternidad de la niña, que supuestamente tení­a 9 años causó alerta entre las autoridades en enero de este año, aunque después se supo con base en un estudio antropológico practicado por las autoridades a la menor, que su edad real era de entre 12 y 13 años.

La CEDHj encontró inconsistencias en los procedimientos administrativos que se siguieron en el registro de la edad de la menor, quien al momento de convertirse en madre viví­a en la localidad de Ixtlahucán de los Membrillos, a unos 40 minutos de Guadalajara, capital de Jalisco.

“Durante las investigaciones se confirmó que el personal del Registro Civil de Ixtlahuacán de los Membrillos elaboró, con serias deficiencias legales, un acta de nacimiento extemporánea en noviembre del 2011, en la que se consignaba que la menor habí­a nacido en 2003”, explica el comunicado.

Señala que el oficial del Registro Civil, Juan Carlos Fernández Rojas, detectó contradicciones entre los testigos presentados al momento del registro, pero “indebida e ilegalmente firmó el acta sin poner atención en los documentos aportados”, agrega el comunicado.

El organismo protector de los derechos humanos, recomendó al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Sergio Quintero, iniciar procedimientos administrativos en contra del personal del Registro Civil y del DIF involucrados y pidió lo mismo a la Fiscalí­a Central en contra de los agentes del Ministerio Público.

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