Ciudad de México-. Se apoya el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, aunque todavía se le percibe insuficiente, sobre todo porque falta ver que realmente se aplique en la práctica. El establecimiento de un fiscal especializado para combatir las prácticas corruptas divide opiniones sobre la confianza que genera para lograr alcanzar su objetivo, tal y como se observa en los resultados de la reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
Alrededor de la mitad de la población se enteró que entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (52%). La mayoría está de acuerdo con esta iniciativa que busca prevenir, combatir y castigar la corrupción (58%). Sin embargo, 50% no tiene opinión sobre qué es lo más importante de este sistema. Quienes señalan algo mencionan que habrá más transparencia, mayor castigo a servidores públicos corruptos, evitar prácticas corruptas y obligar a que los funcionarios hagan su declaración de bienes, entre otros fines.
La mitad coincide con que la aprobación del sistema es oportuna y adecuada, o bien que es un avance importante, aunque le faltan aspectos relevantes. Otra mitad, en cambio, lo cuestiona porque concuerda con la idea de que sus leyes son irrelevantes para resolver el problema de la corrupción. Quienes ven insuficiente este sistema mencionan principalmente que falta que en realidad se ponga en práctica y se aplique la ley (32%) o que castiguen a los corruptos.
De las nuevas leyes o modificaciones legislativas que hubo para la creación del sistema, las que a la opinión pública le suenan más efectivas para combatir la corrupción son las que tienen que ver con la imposición de sanciones. En efecto, algo más de la mitad piensa que ayudará significativamente la reforma al Código Penal Federal y algo más de 40% opina lo mismo de la ley que crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El establecimiento de un fiscal anticorrupción en la Procuraduría General de la República divide opiniones en cuanto a la confianza que genera para enfrentar este flagelo. A 42% le da mayor confianza, pero a 37% le da menor. Menos confianza aun provocan las disposiciones que obligan a que los nombramientos de ese fiscal o del secretario de la Función Pública deban ser aprobados por el Senado (menor confianza, 53% y 50%, respectivamente).
En torno al caso de la llamada Casa Blanca, dos tercios se enteraron de la disculpa ofrecida por el presidente Peña Nieto. La enorme mayoría coincide con la afirmación presidencial de que el hecho afectó la imagen del mandatario y dañó la confianza en el gobierno (cierto, 88%). 7 de cada 10 piensan que la desconfianza que generó esa polémica provoca que ahora el Presidente se vea más comprometido a impulsar el combate a la corrupción.
